Presentaron otro amparo contra el Gobierno Nacional pidiendo la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la Resolución Número 346/2018 dictada por la Dirección Nacional de Vialidad Nacional. La cual hace regir un aumento de la tarifa de los peajes del corredor vial N° 6 y lleva al del puente Chaco Corrientes a $ 23.

La Defensoría del Pueblo pidió a la Justicia que ordene retrotraer el valor del cuadro tarifario dispuesto para los peajes concesionados a la Empresa Caminos del Paraná SA, en particular las casillas de peajes ubicadas en el acceso al Puente General Belgrano y Makallé.

Corregido en este amparo solicita “retrotraer la tarifa a valores vigentes en el mes de febrero de 2018 teniendo en cuenta que además también se encuentra vigente la orden cautelar anterior que indica retrotraer los valores al mes de Marzo de 2016, según resolución judicial del expediente Nº 1268/16 en trámite por ante Juzgado Federal N° 1 de Resistencia”.

El defensor insiste en marcar que “es necesario ordenar judicialmente al gobierno nacional que convoque a una audiencia pública con amplia participación de los usuarios y consumidores para autorizar el aumento de las tarifas de peaje”.

Así, vuelve a pedir a la Justicia una medida cautelar innovativa solicitando que se suspenda cautelarmente la mencionada resolución y que se suspenda también todo acto administrativo que haya dispuesto o autorizado tal aumento.

“Este aumento de los peajes que se aplica desde el 4 de marzo implica un 50 por ciento de incremento que resulta totalmente desmedido, arbitrario, intempestivo y sin fundamento alguno”, señala Corregido.

Respecto a esto, remarca que los aumentos inconsultos y arbitrarios afectan no solo el derecho a transitar libremente, sino que contribuyen a continuar discriminando a la región NEA porque los organismos nacionales insisten en dar el mismo tratamiento a todas las zonas del país, cuando es público y notorio que el NEA y NOA son las regiones más postergadas de la Argentina. “Es una afrenta a la economía de los ciudadanos de la Provincia del Chaco, que se ven profundamente afectados”, dijo.

Corregido insiste en que “es vital poder conocer la metodología de cálculo, las variables utilizadas, la ecuación económica para determinar en base a que lineamientos se determinó el aumento del costo del peaje, que debería aplicarse en un marco de razonabilidad”.

“De la documentación adjunta surge claramente que no hubo audiencia pública y la Dirección de Vialidad Nacional pretende exculparse con el pretexto de que el Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) fue el que dispuso el aumento. Esto es infundado porque ese órgano depende jerárquicamente de la Dirección de Vialidad Nacional”, explicó.

Finalmente el defensor apuntó a que los funcionarios nacionales tienen que “terminar con las excusas infundadas y entender que se deben respetar los derechos que expresa la Constitución Nacional y esto se consigue implementando mecanismos de participación e información ciudadana. No hay otra salida más que cumplir lo que la ley manda y respetar la división de poderes. Por eso también tienen que dejar de desoír las sentencias judiciales y cumplirlas”, concluyó.