Se trata de un proyecto de viviendas colectivas y locales comerciales por parte de Patagonia Construcciones. La construcción de edificios en los espacios cercanos a la laguna generó preocupación en los vecinos, que trataron de establecer la factibilidad de la obra para saber si cumple con las normas de edificación vigente y como afecta al funcionamiento del sistema hídrico.

Del encuentro participaron Gustavo Martínez, Presidente del Concejo Municipal; los concejales Juan Manuel Chapo, Rodrigo Ocampo, Griselda Ojeda, David Capello, María Teresa Celada, Martín Bogado y Alicia Frías; Juan Orlando Turbay, coordinador del Consejo Permanente de Actualización y Modificación del Código de Planeamiento Urbano; Hugo Rubén Rohrmann, director de Estudios Básicos de la Administración Provincial del Agua (APA); Juan Manuel Carreras, subsecretario de Control y Fiscalización de Obras Urbanas; y Fabriciano Gómez, titular de la Fundación Urunday.

Martínez explicó que “es muy importante conocer el tratamiento y las autorizaciones correspondientes que tiene esta obra, como así también conocer la realidad física del lugar para saber cuál es el impacto ambiental que tendrá, por eso es que se solicitó al coordinador del Consejo Permanente de Actualización y Modificación del Código de Planeamiento Urbano de la ciudad, que funciona en el ámbito de comisión de obras y servicios públicos, que realice una pequeña reseña de la cuestión”. Y manifestó que “todos los permisos de construcción fueron presentados y aprobados previamente a la modificación del código urbano”.

María Teresa Celada contó que “se había acusado al cuerpo legislativo comunal de haber hecho excepciones para la construcción de este edificio”. En una misma sintonía, explicó que “no solo que no se realizó ninguna excepción, sino que los encargados de llevar adelante la edificación cumplieron con todas las normativas previstas y se enmarcaron perfectamente en el código de planeamiento urbano, por ende, se decidió reunirnos con los especialistas para conocer de primera mano el contexto”. Y agregó que la conferencia se realizó con la necesidad fundamental de “responder a los vecinos con argumentos suficientes, para estar al tanto de las autorizaciones que se fueron otorgando y saber cuáles fueron los pasos que se siguieron”. Asimismo, la edil sostuvo que “la respuesta más importante la dio Fabriciano Gómez que, en representación de la Fundacion Urunday, se comprometió a realizar un parque escultórico, desde la avenida Italia hasta la calle French, lo que va a garantizar a todos los vecinos que ese sector del inmueble no sea ocupado con nada que no corresponda”.

Por su parte, Juan Manuel Chapo declaró que “esta reunión tenía por objetivo poder informar a los concejales de que se trataba el proyecto edilicio para tener en cuenta las características técnicas y sobre todo si existe o no riesgo hídrico ante la magnitud del emplazamiento en ese terreno específico que es aledaño a la laguna Francia”. Y añadió que “las exposiciones de los ingenieros Hugo Rubén Rohrmann y Juan Manuel Carreras clarificaron muchas cosas, haciendo hincapié en la preocupación fundada en cómo se comporta el clima en Resistencia y cuál ha sido la función que ha tenido la laguna Francia en ese entorno”.

Sobre los reclamos de la comunidad que vive en ese sector de la ciudad, recalcó que “los ciudadanos tienen derecho a que los organismos públicos, tanto provinciales como municipales, sean claros en el proceso de aprobación de los proyectos de urbanización para tener conocimiento sobre los impactos que se pueden generar en los barrios aledaños”.

Como representante de APA, Hugo Rubén Rohrmann informó que “la contingencia hídrica que tiene el inmueble donde se quiere materializar esta construcción es de un 90% de zona de riesgo leve y un 10% de zona de riesgo severa”. Es decir que “el 90% permite que se realice lo que define el código de planeamiento urbano, mientras que con el 10% restante hay que tener alguna consideración porque eso puede ser un poco más inundable y ese espacio hay que preservarlo”.

Juan Orlando Turbay, coordinador del Consejo Permanente de Modificación del Código de Planeamiento Urbano de la ciudad, aseguró que “la aprobación de este planeamiento fue correcta, porque se realizaron debates técnicos y se tuvieron en cuenta las factibilidades de la APA, de SAMEEP y SECHEEP”. Y disipó dudas diciendo que “el proyecto se ejecutó con el viejo Código de Planeamiento Urbano porque la modificación parcial del uso de suelos se sancionó el 18 de diciembre de 2018 y entró en vigencia el 14 de febrero de 2019, mientras que este plan, que cumplió todos los requisitos, ya tenía permiso de construcción el 28 de septiembre de 2018, entretanto consiguió la habilitación de uso y ocupación de suelo el 4 de enero de 2017 y se comenzó a gestionar en 2016”. Y cerró diciendo que “es menester resaltar que con todas las modificaciones que se introdujeron, también se hubiera aprobado este proyecto porque cumple con todos los requisitos hídricos y de impacto”.