Además del proyecto que sigue en pie contra los jueces del máximo tribunal, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, el mandatario busca incluir en el temario la nueva moratoria para jubilados a manos de la titular de ANSES, Fernanda Raverta, y el proyecto de blanqueo de capitales que presentará el ministro de Economía Sergio Massa. El escenario se torna complicado para la aprobación de las iniciativas si oficialismo y oposición no llegan a un consenso.

Una vez que el proyecto de juicio político ingrese a Diputados y sea girado a la comisión, sus integrantes tienen que votar la admisibilidad del tratamiento. El Frente de Todos tendría vía libre en este primera instancia ya que cuenta con 16 de los 31 votos. De todas maneras, la incertidumbre de que alguien se dé vuelta a último momento siempre está latente, y a eso apunta la oposición.

Al atravesar ese primer paso, el tratamiento en comisión se extendería por unos 60 días y se impondría el dictamen para que el proyecto de ley sea tratado en el recinto. Allí la iniciativa necesita del respaldo de dos tercios de los diputados presentes y es aquí donde el Gobierno empieza a tener dificultades: los 118 legisladores del FdT no le alcanza para dar luz verde al proyecto y que pase al Senado.

En tanto, la oposición ya adelantó que no dará quórum y si el Gobierno insiste con el Juicio Político al Máximo Tribunal, el Congreso quedará paralizado lo que resta del verano.

También vale remarcar que si Juntos por el Cambio no baja al recinto y el oficialismo llega a los 129 diputados para dar comienzo a la sesión, necesitará solo de 86 votos para avanzar en este punto. Con este panorama, el bloque opositor se vería obligado a participar de la sesión para inclinar la votación a su favor.