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Chaco es la quinta provincia con más planes del Potenciar Trabajo dados de baja
Chaco - Interés General
21/05/2023 09:36:00
El Ministerio de Desarrollo Social a cargo de Tolosa Paz publicó las cifras de la cantidad de personas que no verificaron sus datos y que cobraban el plan social.

El Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Victoria Tolosa Paz, dio de baja un total de 464 planes del programa Potencia Trabajo en Chaco porque sus beneficiarios -acusados de ser "fantasmas"- no cumplieron el proceso de validación de datos, tal como se dispuso mediante una resolución.

La concesión de estos planes sociales a los habitantes es investigada en la Justicia por los magistrados federales Ariel Lijo y el fiscal Carlos Rívolo. Según relatan medios nacionales, la cifra mensual de fraude que conllevaba el cobro irregular de los planes alcanzaba una cifra cercana a los tres mil millones y medio de pesos. Este monto, a nivel anual, representaba un total de, aproximadamente, 44 mil millones de pesos.

En total fueron 6.144 las personas que no justificaron su pertenencia a una Unidad de Gestión. El ranking de las provincias con mayor cantidad de bajas del Potenciar Trabajo está encabezado de la siguiente manera: Buenos Aires (1.179 bajas); Santa Fe (684); Jujuy (570); Tucumán (525); Chaco (454); Misiones (437); Santa Cruz (392); San Juan (229) y Río Negro con cifras mayores a 200 personas. El resto de provincias se ubicaron por debajo de las 200 personas.

De esta manera, la provincia se ubicó en el quinto lugar. El listado de las personas "fantasma" que cobraban el plan pero que no validaron su identidad, fue derivado a la Justicia por la propia ministra Tolosa Paz.

Desde La Cámpora, el dirigente Andrés "Cuervo" Larroque dijo que hubo dificultades en el proceso de validación de datos, como "la falta de accesibilidad a conectividad digital; dificultad en el manejo de la aplicación MI ARGENTINA e incompatibilidad de horarios con los puntos digitales establecidos por parte del Ministerio".

La causa que investiga la Justicia inició por una denuncia penal del fiscal Guillermo Marijuan, en base a una publicación de Infobae que revelaba irregularidades detectadas por AFIP en el cobro de 253.184 beneficiarios del Programa. Entre ellos, había fallecidos, personas con más de dos propiedades y compradores de dólares.

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